El propósito de este artículo es analizar la reforma del sistema judicial de la República del Ecuador desde la luz de Ciencia de la Administración Pública. Para realizar este ejercicio se hará una revisión de la literatura existente, y se propondrá el sistema propuesto por Pollitt y Bouckaert (2010) como un mecanismo adecuado para detectar los diferentes recursos e ideas que los diferentes actores emplean en un proceso de planeamiento y puesta en marcha de un cambio en la estructura del Estado. Adicionalmente, se hará una revisión de la situación actual de la reforma judicial sucedida entre los años 2007 y 2012, con énfasis en los actores involucrados, y su comportamiento como miembros de coaliciones promotoras. Por ser una intervención político administrativa aún en evolución, este texto se propone como un acercamiento al fenómeno.

La República del Ecuador se encuentra en un proceso político que ha reconstruido la administración y ejecución de la política, así como las relaciones entre sociedad civil y Estado. Desde el año 2007, la agrupación oficialista, Alianza País (AP) ha promocionado una amplia reforma del Estado, que en su puesta en práctica ha cambiado las estructuras de sociedad ecuatoriana con un uso intensivo de los medios de comunicación, entre ellos las redes sociales. Esta situación ha tenido varios niveles de oposición por parte de grupos de la sociedad civil. Esta confrontación que tiene como escenario la calle y el Internet, ha sido la fuente principal de debate político en el país, pero no ha sido explicado en el funcionamiento de las conexiones humanas y cibernéticas que lo sostienen, así como el comportamiento de los involucrados. El presente documento buscará caracterizar los actores que participan en las relaciones en momentos de manifestaciones sociales, mediante el uso del SNA (Social Network Analysis). Se busca demostrar a través de las interacciones de los ciudadanos en episodios de alta crispación política. la manera en que la conflictividad social es abordada por parte del Estado, manifestada en sus respuestas legales y en sus prácticas políticas y de seguridad.

El objetivo del presente texto es demostrar como la acción colectiva se encuentra limitada por actores con capital político suficiente para aprovechar los discursos socialmente aceptados en su propio beneficio. Se pretende demostrar que en el escenario de web 2.0, existe el riesgo de que la acción de grupos de interés se vea limitada por los discursos legitimados políticamente, lo que repercute en una pérdida del control ciudadano del poder político y de probables violaciones de derechos humanos.

Este artículo analiza los alcances legales y administrativos del uso de Twitter como medio de comunicación y gestión institucional, y su relación con los mecanismos legales o institucionales en el caso de la República del Ecuador. Se propone que la actuación presidencial en la red social tiene consecuencias en la Administración Pública en forma de centralización de la toma de decisiones y el mandato político. Para indagar sobre esta cuestión, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la cuenta del presidente de la República (utilizada como herramienta directa de gestión entre ciudadanos y Gobierno), a través de la metodología de análisis de redes sociales, relacionada con el sistema legal ecuatoriano. Los datos demuestran la existencia de un mecanismo legal que otorga cierta legitimidad a las actuaciones presidenciales dentro de la red social, y que las pautas de comportamiento de la primera autoridad del Ejecutivo dentro de la web 2.0 son una fuente de derecho que aumenta la percepción de eficiencia de la acción del jefe del Estado.

La tradición legal latinoamericana ha tenido a la jurisprudencia como una excepción como fuente material del Derecho. De hecho, la visión sobre el valor de las decisiones de los jueces ha estado basadas en la reputación personal del decisor, o en la importancia del caso, más allá de la existencia de reglas de derecho obligatorias y básicas de la gestión de esa fuente como parte del sistema normativo. El presente documento busca acercarse a este hecho a través de un estudio cuali-cuantitativo, a través del análisis de redes, de los nichos epistémicos existentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, centrándose en el último periodo de sesiones. Se busca comprobar si la elección de las sentencias para dar soporte al ratio decidendi de la Corte Interamericana obedece a una elección racional o si es una decisión temática. El texto concluye explicando que, aunque hay elementos que demuestran una elección racional, no existe en la norma algo parecido a un hilo conductor de la jurisprudencia, fuera de la expansión tradicional de derechos, y que las conexiones posibles entre casos obedecen a elementos de racionalidad limitada.

El propósito de este estudio es demostrar los patrones de interacción de la doctrina en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana 2008-2018 utilizando la metodología de análisis de redes sociales. La doctrina es el conjunto de estudios, crítica y análisis de carácter científico realizados por juristas respecto al Derecho. En ese orden de cosas, el papel de “lo que se lee y cita”, es vital para entender el contexto epistemológico usada en la interpretación del Derecho, especialmente escenarios en que los textos canónicos constitucionales pueden ser una interpretación centrada en valores. En el presente texto, se realizó una revisión mediante la metodología del análisis de redes sociales, identificando autores centrales y aceleradores del flujo de información, con fin de encontrar si existe una “línea de conocimiento” común aprovechada por la Corte Constitucional ecuatoriana. Se concluye que a) existe una red de autores en las sentencias de la Corte Constitucional entre los años 2008- 2018; b) preponderancia de ciertos doctrinarios principales, y, c) una red bien conectada de sentencias que usan a la doctrina como herramienta para su proceder, o para mejorar la calidad del obiter dicta, elemento que constituye un nuevo espacio para el análisis jurídico y el seguimiento de las decisiones de las altas cortes.