La presente investigación abarca el estudio de la acción de repetición, comprendida en el art. 11.9 de la Constitución de la República, cabe destacar que la norma suprema plasma el principio o derecho del Estado a la indemnización por daños provocados por servidores públicos cuyo accionar marcado por la intencionalidad o dolo hayan provocado el mismo. Se verifica la inexistencia de un procedimiento específico y efectivo a través del cual se demande la acción de repetición, lográndose por consecuencia la correspondiente sentencia ejecutable, situación que avoca al planteamiento de nuevos elementos al procedimiento presente. La actual regulación de la acción de repetición garantiza que los jueces que conocen las causas no puedan emitir un pronunciamiento sobre dolo o culpa grave de los funcionarios o servidores públicos, o determinar el grado de responsabilidad de los mismos, de ahí que sea preciso lograr una determinación efectiva del responsable para que pueda responder por los montos indemnizatorios que se derivan de las sentencias internas e internacionales cuando el Ecuador debe asumirlos, tal situación se traduce en una pérdida económica para el erario público y una perpetuación de la impunidad para las acciones desarrolladas de forma irresponsable por parte de funcionarios o servidores públicos que puedan afectar a tercero. Se destaca que el Estado posee pleno derecho a repetir contra los funcionarios cuyas acciones dolosas o culposas sean demostradas legalmente garantizándose de esta forma que los responsables asuman la cancelación de la indemnización o reparación económica.

La cadena de custodia es el elemento a través del cual se garantiza la procedencia y fiabilidad de las evidencias obtenidas al momento de cometerse el delito, abarcando dicho procedimiento el conjunto de técnicas de recolección de indicios, huellas, rastros y vestigios a través de los cuales se viabilice el proceso, de ahí la importancia de la cadena de custodia como elemento determinante para demostrar la inocencia o culpabilidad de los procesados, la necesidad de lograr una norma jurídica que se traduzca en el cumplimiento a cabalidad y observación de todos los requerimientos necesarios para garantizar la cadena de custodia se revela como el objetivo principal de la presente investigación, de forma tal que se garantice la fiabilidad de las evidencias a ser utilizadas en las diferentes etapas del proceso y del mismo modo se logre una eficiencia en la eficacia procesal y justicia, en plena concordancia con los aspectos legales contenidos en la Constitución de la República del Ecuador.

El objetivo del artículo es buscar la obligatoriedad del peritaje antropológico en todos los casos penales en que los sujetos procesales pertenezcan a una nacionalidad o pueblo indígena, para la norma positiva ecuatoriana tal como sucede en el sistema penal mexicano, ya que significaría el reconocimiento de la identidad del sujeto, con el fin de receptar su entorno y determinando su cosmogonía, hacer un uso adecuado del pluralismo jurídico presente y garantizado por la Constitución. La metodología a usarse es el método inductivo y comparativo; de la norma y la realidad del peritaje antropológico en Ecuador, a través de varias técnicas como la bibliográfica, a la vanguardia del arte y la observación a terceros en los casos analizados para una mejor comprensión del tema en general y ratificar con la argumentación la necesidad de esa pericia para obtener igualdad en materia de derechos.